La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejerció acción penal contra 33 personas, entre exfuncionarios, servidores públicos y particulares, por su presunta participación en una red de plazas irregulares de docentes que habría operado desde 2021.
Hasta el momento, 26 ya fueron vinculados a proceso, mientras que cinco promovieron amparos y uno está pendiente de resolver su situación jurídica. Los investigados enfrentan imputaciones por fraude y abuso de autoridad.
Vinculan a proceso a 12 por entramado delictivo de 324 plazas docentes fantasmas en EDOMEX
Así operaba la red de plazas irregulares en Edomex
Hay exfuncionarios de las secretarías de Finanzas, Educación y Seguridad, así como servidores públicos de la Oficialía Mayor, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) y la Secretaría del Bienestar. La mayoría permanece en prisión preventiva en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
La investigación inició tras tres denuncias presentadas en 2026 por el Gobierno del Estado de México, luego de detectar 459 altas de personal docente cuyos supuestos trabajadores no desempeñaban funciones.
De acuerdo con la Fiscalía, la red estaba integrada por exsubsecretarios, directores, delegados administrativos, capturistas y particulares, quienes presuntamente utilizaban los sistemas SIGAP y META 4 para dar de alta de manera fraudulenta a personas en plazas docentes, asignándolas a planteles inactivos para evitar ser detectadas.
Las indagatorias establecen que existían "reclutadores" encargados de captar familiares y personas de confianza para registrarlas en la nómina. Las tarjetas bancarias eran retenidas por los operadores del esquema, quienes retiraban el dinero y distribuían los recursos.
En algunos casos por 200 mil pesos depositados como salario, el falso docente recibía únicamente 6 mil pesos, mientras que el resto era repartido entre los operadores.
La Fiscalía documentó diversas irregularidades, entre ellas expedientes incompletos, ausencia de documentación obligatoria, autorizaciones de altas sin validación y registros realizados incluso durante la madrugada. Algunos capturistas habrían realizado más de 70 altas irregulares, recibiendo 5 mil pesos por cada una.
Como parte de la investigación también se localizaron mensajes en los que presuntamente se instruía a los beneficiarios cancelar cuentas bancarias, negar haber trabajado para el gobierno y ocultar la existencia del esquema ante auditorías.
La Fiscalía estima que la red obtuvo más de 96 millones de pesos entre enero de 2025 y febrero de 2026, cifra que podría incrementarse si se acredita que las operaciones comenzaron en 2021. Además, sostiene que varios implicados se asignaron plazas con salarios cercanos a 50 mil pesos mensuales para obtener beneficios laborales y jubilatorios.