Los 12 funcionarios y exfuncionarios detenidos por el entramado delictivo que derivó en 324 plazas docentes falsas, fueron vinculados a proceso por abuso de autoridad y fraude. Y se estableció dos meses para el cierre de la investigación complementaria, donde la Fiscalía mexiquense hará una investigación financiera.
Las juezas de los dos grupos de personas, nueve hombres y tres mujeres, calificaron como idóneos, suficientes y pertinentes los 45 datos de prueba que presentó el Ministerio Público (MP).
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Vinculan a proceso a 12 por plazas docentes fantasmas en EDOMEX
Con lo anterior Óscar “N”, Daniel Arturo “N”, Alfredo “N”, David “N”, Araceli “N”, Juan “N”, Yunuen “N”, Fabiola “N”, Cristopher “N” y Diego Emanuel “N”, así como Óscar “N” y Daniel “N”, seguirán recluidos en el penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez.
Y se estableció dos meses para el cierre de investigación, misma que vencerá el 26 de agosto para el caso de los primeros 10. En dicho tiempo el Ministerio Público reveló que hará una investigación financiera contra los detenidos, y las 168 personas beneficiadas con 324 plazas ficticias con salarios diversos.
Asimismo, ejecutará dictámenes y periciales en informática al programa Meta 4 continuará con las entrevistas con capturistas y demás áreas de las Secretaría de Educación y la Oficialía Mayor, donde desempeñaban sus labores los imputados.
Las juzgadoras consideraron que los 45 datos de prueba que presentó el Ministerio Público (MP), entre entrevistas de testigos de oportunidad, compañeros de trabajo y personas beneficiadas con lugares fantasmas; los oficios e información de las plazas docentes inexistentes; y la denuncia de los hechos, se complementan entre sí.
Con lo anterior, indicó que se acredita la participación en la creación de plazas falsas de los 12 imputados, donde en el abuso de autoridad se evidencia que se excedieron de sus funciones; y en el tema de fraude obtuvieron un lucro para sí con la dispersión de 42 millones de pesos.
Además, se descartó anular entrevistas que previamente se tomaron a algunos de los detenidos, así como la del testigo de oportunidad, José Daniel Popoca Estrada, quien denunció la red irregular entre el 23 y 25 de marzo, aunque murió el 27 de marzo.
Y finalmente, validaron la facultad del apoderado legal de la Secretaría de Educación, Guillermo Calderón Vega,
para presentar la denuncia penal con la que se inició la investigación en febrero.
Así operó la red criminal de plazas falsas en Edomex
Los detenidos fueron acusados de conformar una red criminal desde el 2021, al aprovechar sus cargos para cometer acciones conjuntas, planes y división de tareas para violar normativas y controles internos con los que provocaron el error del estado para dispersar nómina a plazas docentes inexistentes o inactivas.
Y es que del 28 de enero al 6 de noviembre de 2025 según realizaron 324 movimientos de altas docentes falsas en favor de 168 personas, sin expedientes y adscritos en espacios inactivos desde 2007 en escuelas secundarias, de turno vespertino o que ya no existían, en Texcoco, Nezahualcóyotl, Amecameca, Cuautitlán, Ecatepec, Metepec, Naucalpan, Toluca y Valle de Bravo.
En el caso hay más involucrados, pues los detenidos fueron acusados por otros servidores públicos, entre ellos resalta el caso de José Daniel Popoca.
De acuerdo con datos de prueba, Óscar “N” es señalado como el que creó y consolidó la estructura y el enlace para la plazas docentes fantasmas; Alfredo “N” ostentaba la cadena de mando; y Daniel Arturo “N” como coautor activo al entregar los recursos.
Mientras que David “N”, Araceli “N”, Juan “N”, Yunuen “N”, Fabiola “N”, Cristopher “N”, Diego Emanuel “N”, presuntamente ejecutaban desde el reclutamiento como altas irregulares en el sistema para los espacios docentes inexistentes.
De acuerdo con una pericial en materia contable, el daño al erario ascendería a más de 42 millones de pesos por la creación de 324 plazas docentes falsas, donde para su creación los acusados reclutaban a personas sin perfil, a quienes únicamente les ofrecían el pago de 3 mil pesos, cuando cada espacio tenía un salario diverso, algunos de 50 mil pesos quincenales.
Para quedarse con el dinero, retenían las tarjetas bancarias de los supuestos funcionarios educativos, por lo que ellos tenían el control de los retiros.