La falta de especificación de horarios y condiciones laborales en los contratos individuales de trabajo son de las principales irregularidades detectadas por la Dirección General de Inspección e Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo del Estado de México, informó su titular Omar Mañón Juárez. Entre las faltas más recurrentes se encuentran inconsistencias relacionadas con los descansos, jornadas laborales y la ausencia de información clara en los contratos sobre las condiciones bajo las cuales son contratados los trabajadores.
“Uno de los mayores rubros que hemos sancionado es el tema de los descansos o los horarios laborales que tienen cada trabajador, porque en algunos casos no están especificados en sus contratos”, señaló.
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En el presente año sancionaron a 64 empresas por este tipo de incumplimientos, con montos acumulados estimados de entre 800 mil y un millón 200 mil pesos en sanciones, aunque aclaró que los procesos están sujetos a litigios. Realiza entre mil 500 y mil 800 inspecciones al año, actualmente impulsan el programa de autoverificación, mediante el cual las empresas pueden revisar su cumplimiento normativo y solicitar asesoría; hasta ahora se han realizado alrededor de mil 400 autoevaluaciones.
Existe un desfase en los procesos
Detectaron desfase en los procesos de alta de trabajadores, debido a la rotación de personal, situación que suele relacionarse con la falta de claridad en los contratos respecto a fechas de ingreso, salario y condiciones laborales. Sobre el reparto de utilidades, adelantó que durante los próximos meses podrían incrementarse las quejas, principalmente por dudas de trabajadores que comparan los montos recibidos con años anteriores. En estos casos, pidió que empresas y sindicatos expliquen los factores que determinan variaciones en los pagos.
Respecto a sectores con mayor número de reportes, señaló que el área de servicios concentra una mayor incidencia, especialmente por contrataciones temporales y rotación de personal en temporadas de alta demanda. El director precisó que las sanciones por incumplimientos relacionados con contratos pueden ir de acuerdo con los rangos establecidos en la ley y que la dependencia actúa como autoridad sancionadora, mientras que la autoridad financiera realiza los procesos de cobro correspondientes.