La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco fue acusada de planear su propio secuestro para tapar un desfalco al erario de 40 millones de pesos, por lo que ella y junto a seis personas más son investigadas por el hecho, de las cuales tres ya están detenidas. La política podría alcanzar 16 años de cárcel.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó los avances de la investigación del caso que ocurrió la noche del 31 de mayo de este año.
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Así Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, planeó su secuestro
En un boletín extenso, reveló que Nápoles Pacheco junto a su esposo y cuñado planearon su autosecuestro desde febrero, en el que participaron en total seis personas.
Indicó que ejercitó acción penal por la probable comisión del hecho delictivo de simulación de secuestro, en contra de los tres primeros responsables, quienes son Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Cristian “N”, quienes fueron ubicados en Oaxaca.
En tanto, en contra de la alcaldesa se solicitó y obtuvo Audiencia de Formulación de Imputación también por el hecho delictivo de simulación de secuestro, la cual se llevará a cabo el próximo 9 de julio.
Además, se busca a su pareja y cuñado de nombres José Roberto “N” y Oscar “N”, a quienes se les considera evadidos de la acción de la justicia.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público se estableció que, desde el mes de febrero de este año como José Roberto “N” y Oscar “N”, respectivamente esposo y cuñado de la presidenta municipal, comenzaron a planear un “falso secuestro de la edil”.
Y por el hecho exigirían el pago de un supuesto rescate por la cantidad de 40 millones de pesos, recursos que serían obtenidos del erario municipal.
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La FGJEM indicó que cuenta con entrevista en sede ministerial en la que uno de los partícipes refiere que “todo lo estaban planeando ellos ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar el dinero”.
De los actos de investigación se desprende que en dicha planeación y ejecución también habría participado la propia presidenta municipal, quien pretendía justificar un faltante de recursos públicos por el mismo monto, generado en su propia administración.
Y es que durante videos las autoridades pudieron identificar que en ninguno momento la política se resistió a ser levantada, además que ella misma fue la que les avisó por donde esquivar supuestamente las cámaras.
“De acuerdo con el artículo 14 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, los particulares investigados podrían alcanzar una penalidad de hasta 16 años de prisión por el delito de simulación de secuestro, en tanto que con base en el artículo 13 de la misma Ley, la servidora pública alcanzaría una sanción de hasta 700 jornadas de trabajo a favor de la comunidad”, indicó la FGJEM.