La administración de Delfina Gómez Álvarez afirmó que la “Operación Enjambre” ya se convirtió en un modelo para combatir a nivel país la corrupción contra funcionarios y exfuncionarios, y pone al Estado de México a la vanguardia.
Lo anterior, luego de la detención del alcalde de Tequila en Jalisco, Diego “N” y de 3 funcionarios más de dicho ayuntamiento; donde para el caso del primero fue recluido en el penal federal de El Altiplano y solicitó duplicidad del término, por lo que el martes se reanudará la audiencia que inició el viernes.
La gestión de Gómez Álvarez recordó que la “Operación Enjambre” se trata de una iniciativa de la entidad mexiquense ha logrado resultados contundentes contra la corrupción y la extorsión en municipios.
Y enfatizó que la operación junto al trabajo institucional en las Mesas de Paz constituyen hoy un referente nacional, al demostrar que mediante la coordinación es posible desarticular estructuras de corrupción y proteger a las comunidades. Y con ello atender las causas del delito para su prevención.
“Se ha consolidado como un esquema modelo para todo México, al demostrarse la eficacia de la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno para proteger el bienestar de la ciudadanía”, indicó.
El gobierno mexiquense recordó que desde noviembre de 2024, la Operación Enjambre encabezada por la Fiscalía mexiquense (FGJEM) ha permitido investigar y detener a 60 personas entre ellas, servidores públicos y exfuncionarios vinculados con actividades ilícitas en 18 municipios.
Y los casos han derivado en obtener 19 sentencias de condena en contra de 17 personas consideradas como objetivos prioritarios.
“Esto ha puesto al Estado de México a la vanguardia de la lucha contra la corrupción y las redes criminales”, enfatizó.
Entre los funcionarios detenidos con la “Operación Enjambre” en noviembre de 2024, destaca la entonces alcaldesa de Amanalco de Becerra, María Elena Mártinez Robles, quien fue sentenciada a 60 años por homicidio.
Y en diciembre de 2024 y enero de 2025, los entonces alcaldes constitucional y electo, María del Rosario “N” y Pedro Luis “N”, quienes son esposos, por los delitos de secuestro y extorsión, quienes están a la espera de sentencias.
La operación es una de las 8 que se han puesto en marcha en el Estado de México en coordinación con autoridades federales y municipales.