El diputado Edgar Samuel Ríos Moreno (Morena) presentó una iniciativa para incorporar el uso de Inteligencia Artificial (IA) en trámites y servicios públicos digitales del Estado de México para que los procesos administrativos sean más rápidos, accesibles y eficientes, en un contexto donde solo 5.1 millones de mexiquenses utilizan sus teléfonos celulares para realizar trámites en línea, lo que representa apenas el 39.7% de los usuarios de smartphones en la entidad, según datos del INEGI.
Durante una reunión de la Comisión de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero, presidida por la legisladora Sara Alicia Ramírez de la O (PT), Ríos Moreno destacó que el Estado de México ya cuenta con herramientas como el Expediente para Trámites y Servicios con Clave Única, el Registro Único de Personas Acreditadas y la Agencia Digital del Estado de México, pero consideró que es momento de dar un salto cualitativo hacia la regulación y aplicación de la IA en la administración pública.
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De aprobarse la reforma a la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, respaldada por el legislador Octavio Martínez Vargas (Morena), se prevé la automatización de trámites para eliminar filas y reducir la corrupción, además de aplicaciones en salud pública (detección temprana de enfermedades), educación (aprendizaje personalizado en comunidades marginadas) y seguridad (análisis predictivo para prevenir violencia).
La iniciativa contempla que el Consejo Estatal de Gobierno Digital registre y apruebe las aplicaciones de IA que se implementen en el gobierno estatal y municipal. Asimismo, la Agencia Digital del Estado de México deberá diseñar estrategias, operar sistemas automatizados y emitir lineamientos regulatorios para garantizar transparencia, identificar riesgos y establecer mecanismos de control en el uso de estas tecnologías.
Con esta propuesta, la Legislatura mexiquense abre la discusión sobre cómo la Inteligencia Artificial puede transformar la relación entre ciudadanía y gobierno, ofreciendo servicios más ágiles y confiables, y al mismo tiempo regulando su aplicación para evitar abusos o riesgos en la administración pública.