La alcaldesa de El Oro, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, fue acusada de mantener las irregularidades frente al ayuntamiento como organizar peleas de gallos o emitir un Bando Municipal sin aprobarse. Ediles filtraron las pruebas de sus conductas que, advierten, serían responsabilidades administrativas y hasta penales.
El cuerpo edilicio ya presentó 8 quejas ante la Contraloría del Poder Legislativo, aunque ahora exigen la intervención del Tribunal de Justicia Administrativa (TRIJAEM), y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Esto, al cumplirse 3 meses de estallar el conflicto político y social que mantienen en ingobernabilidad al municipio.
Pruebas
Los integrantes del Cabildo de El Oro divulgaron diversas pruebas y documentos mediante los cuales buscan evidenciar que Díaz Peñaloza supuestamente infringió la ley al frente del ayuntamiento.
Y con las mismas, aseguran, que encuadran en destitución e inhabilitación hasta por 20 años, juicio político, cargos por peculado, ejercicio indebido de funciones, desvíos de recurso, y usurpación de funciones, por mencionar algunos.
Señalamientos
Entre las nuevas conductas señalaron a la alcaldesa de El Oro en autorizar de manera ilegal la pelea de gallos pese a que el Bando Municipal no lo permite, y de que la Secretaría de Gobernación no lo autorizó.
El mismo se llevó a cabo el 29, 30, 31 de enero, así como 1 de febrero; y no se ingresó ningún recurso al Ayuntamiento, ni tampoco se contó con permiso ni licencia correspondiente para la venta de alcohol.
“La presidenta municipal firmó un oficio de autorización para la realización de una pelea de gallos, actividad expresamente prohibida”, afirmaron los ediles.
Por otra parte, se acusó a Juana Elizabeth Díaz de promulgar un Bando Municipal, sin haber existido autorización por el demás cuerpo edilicio.
“Durante la develación del Bando Municipal 2026, la presidenta municipal presentó un documento que no fue aprobado previamente por el Cabildo.?Se solicita se determinen las consecuencias legales correspondientes”, se indicó.
Por otra parte, también se advirtió que las obras del municipio se ejecutan presuntamente sin contrato formal, sin procesos de licitación, y rebasan los plazos legales de ejecución y entrega. Además, se inauguran inconclusas y con un avance de sólo el 30 por ciento como ocurrió el 31 de diciembre de 2025.
A las anteriores conductas se suman el desacató judicial de entrega del restaurante El Vagón, donde se ordenó cambiar las chapas.
Y los recursos del municipio siguen sin ingresar a las arcas; hay depósitos irregulares al DIF Municipal; continúan los adeudos de pagos a empleados municipales; y se han ingresado indebidamente delegados a los Cabildos.
Con las pruebas y documentos filtrados, los ediles advierten que constituyen presuntas irregularidades administrativas graves y posibles responsabilidades legales, que deben ser investigadas como sancionadas.