La implementación de la CURP biométrica en el Estado de México ha recibido su primer revés legal. Un juez federal otorgó una suspensión provisional que impide exigir datos biométricos —como huellas dactilares y fotografía— para obtener el nuevo documento de identidad nacional.
El juez Oswaldo Rivera González, del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, argumentó que la entrega de datos biométricos representa un daño irreparable si posteriormente se determina que la ley es inconstitucional. Por ello, ordenó que los quejosos no sean obligados a proporcionar sus datos mientras se resuelve el fondo del asunto.
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¿Adiós a la CURP Biométrica?
La reforma establece que la CURP biométrica será el documento de identificación obligatorio en todo México, disponible en formato físico y digital. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que la entrega de datos será voluntaria, especialmente para colaborar en temas como la búsqueda de personas desaparecidas.
La suspensión judicial no cancela el programa, pero sí abre la puerta a más recursos legales. Organizaciones como Participación Ciudadana 29 han comenzado a asesorar a personas interesadas en promover amparos, argumentando que la medida viola derechos como la privacidad, la protección de datos personales y el principio de proporcionalidad. También alertan sobre el riesgo de vigilancia masiva y discriminación digital.
El juez Rivera González deberá resolver el 1 de septiembre si concede la suspensión definitiva, que protegería a los quejosos durante todo el proceso legal. En caso de que el asunto escale, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien defina la constitucionalidad de la reforma.
En el Estado de México, cuatro módulos piloto ya operan en Toluca, Villa Guerrero, Texcoco y Naucalpan, donde se realiza el trámite de forma presencial. El proceso incluye escaneo de iris, toma de huellas y fotografía, y se estima que tomará entre 20 y 30 minutos por persona. Aunque el trámite es gratuito, quienes no lo realicen podrían quedar excluidos de servicios como salud, educación o programas sociales a partir de 2026.