El Estado de México podría pasar de tener 125 a 131 municipios si prosperan las solicitudes de seis comunidades que buscan elevarse a esta categoría. La Comisión de Límites Territoriales del Congreso local, presidida por el diputado Román Cortés, informó que ya se recibió la documentación formal de las localidades interesadas.
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Las comunidades que han solicitado convertirse en municipios son: Santiago Yeche (actualmente parte de Jocotitlán), Ixhuatepec (Tlalnepantla), San Pablo de las Salinas (Tultitlán), San Matías Cuijingo (Juchitepec), Tequialco (Temascalapa) y Santa Catarina Ayotzingo (Chalco). Todas ellas argumentan tener identidad territorial, población suficiente y capacidad administrativa para asumir funciones municipales.
Román Cortés explicó que se revisarán los requisitos establecidos en la Ley Reglamentaria de las Fracciones 25 y 26 del Artículo 61 de la Constitución estatal. El análisis incluirá aspectos demográficos, políticos, sociales y económicos, así como la viabilidad de los servicios públicos, infraestructura y gobernabilidad local.
Este tipo de procesos no son nuevos en el Edomex. En años anteriores, comunidades como Luvianos, San José del Rincón y Tonanitla lograron su reconocimiento como municipios tras cumplir con los requisitos legales y demostrar autonomía funcional. Sin embargo, también ha habido casos rechazados por falta de sustentos técnicos o conflictos limítrofes.
En paralelo, la Comisión también admitió 10 solicitudes para resolver diferendos territoriales entre municipios. Entre ellos destacan los casos de Tequixquiac contra Hueypoxtla, Temoaya contra Otzolotepec, Xonacatlán contra Lerma, y tres peticiones de Jaltenco contra Zumpango, Nextlalpan y Tultepec. También se revisan controversias entre Jilotzingo y Atizapán de Zaragoza, y entre Otzolotepec y Xonacatlán.
El diputado Ernesto Santillán, del PT, señaló que el Congreso ha mantenido diálogo directo con las comunidades involucradas, alcaldes y población local. El objetivo es garantizar que cualquier modificación territorial se realice con consenso social y sin afectar la prestación de servicios ni la estabilidad política.