La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) reportó que 35 de los 60 presos trasladados a nueve cárceles federales por parte del gobierno federal, estaban recluidos en el penal de “El Altiplano” y en otras mexiquenses. En un boletín de prensa, la dependencia detalló que en las últimas horas el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México realizó las reubicaciones a través de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Guardia Nacional (GN).
Además, que la entidad mexiquense junto a México y Querétaro, se sumaron a dichas labores. La SSEM detalló que del total de internos 15 fueron extraídos del penal de “El Altiplano”, mientras que otras 20 de otros penales mexiquenses, para ser concentradas en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT). También, se sumaron otros 20 reclusos de la Ciudad de México y cinco más de Querétaro.
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Las autoridades aclararon que el operativo tuvo como objetivo preservar condiciones de control en los centros penitenciarios, debido al perfil de las personas privadas de la libertad, relacionadas con diversos delitos que atentan contra la seguridad pública, así como el bienestar de la sociedad.
Todo se llevó con estrictas medidas de seguridad
“El operativo se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad, en coordinación interinstitucional y con estricto apego a los protocolos establecidos, garantizando en todo momento la seguridad y los derechos de las personas privadas de la libertad, así como del personal operativo”, se indicó.
Las personas privadas de la libertad fueron trasladadas vía aérea hacia nueve Centros Federales de Reinserción Social distribuidos en distintas regiones del país. Y la seguridad del traslado estuvo a cargo de elementos de la Unidad de Reacción Penitenciaria del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), así como de la Guardia Nacional.
¿Cuántas personas están presas en el EDOMEX?
En el Estado de México, el sistema penitenciario atraviesa una situación crítica debido a la sobrepoblación, actualmente, hay más de 36 mil personas privadas de su libertad distribuidas en 21 centros de reclusión, cuya capacidad máxima ronda las 14,400 plazas; esto representa una ocupación superior al 150?%, lo que provoca condiciones de hacinamiento graves, en muchos casos, las instalaciones están operando con el doble de la población para la que fueron diseñadas.
Una parte significativa de los internos, alrededor de 7,500, se encuentra en prisión preventiva, es decir, sin una sentencia definitiva, lo que evidencia un problema estructural en el sistema judicial y la lentitud en los procesos legales, el uso excesivo de esta medida ha contribuido al crecimiento desmedido de la población carcelaria.
La sobrepoblación carcelaria afecta no solo a las condiciones de vida dentro de los penales, sino también al acceso a servicios básicos, atención médica y programas de reinserción social; este escenario refleja una crisis que demanda atención urgente, tanto en términos de inversión en infraestructura como en la reforma de las políticas de justicia penal. El Estado de México enfrenta un desafío serio en materia penitenciaria que impacta los derechos humanos y la eficiencia del sistema judicial.