Para fortalecer el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos, durante este 2025, el gobierno del Estado de México benefició a nueve Personas Privadas de la Libertad (PPL) con apoyos por hasta 300 mil pesos del Fondo de Reparación del Daño; recursos que les permitieron cumplir con dicho requisito legal para obtener su libertad y avanzar en su proceso de reinserción social.
José Carlos Neira Cruz, Encargado de Despacho de la Dirección General del IDP, adscrito a la Consejería Jurídica, explicó que el Fondo de Reparación del Daño otorga dicho apoyo económico por PPL, destinado exclusivamente a cubrir el monto de la reparación del daño impuesto por la autoridad judicial, siempre que este sea el último requisito para acceder a un beneficio de libertad.
A través del Instituto de la Defensoría Pública estatal (IDO), se realizó el pago de la reparación del daño a las víctimas, lo que hizo posible que las personas beneficiadas accedieran a figuras jurídicas como la prelibertad, libertad anticipada, amnistía o sustitutivos de la pena.
“Es una forma de tener acceso a la justicia por parte de las víctimas y por parte de las personas privadas de la libertad, pues es importante la readaptación social, entonces, es una oportunidad también para reivindicarse, para que también pueda estar con su familia, para que ya una vez que haya compurgado una pena en determinado momento contribuya a la sociedad”.
El funcionario señaló que dicho apoyo está dirigido para las PPL´s que carecen de recursos económicos, no cuentan con una red de apoyo familiar, tienen un procedimiento activo para obtener su libertad y acreditan su situación de vulnerabilidad mediante un estudio socioeconómico.
El objetivo central del Fondo es reducir desigualdades dentro del sistema de justicia y garantizar condiciones más equitativas.
“Recopilar aquellos perfiles, expedientes de personas privadas de la libertad que no tienen la capacidad económica de pagar la reparación del daño para brindarles la oportunidad, para poder nosotros llegar a un acceso a la justicia más pronta, más expedita”.
Destacó que, el Fondo de Reparación del Daño es administrado por un Comité Técnico, integrado por personal de la Consejería Jurídica, el Instituto de la Defensoría Pública, Direcciones Regionales y el Órgano Interno de Control, quienes evalúan cada solicitud bajo criterios de legalidad, objetividad y transparencia.
Este año, dicho comité realizó cuatro sesiones ordinarias y una extraordinaria, en las que se aprobaron las solicitudes de las nueve personas beneficiadas, reafirmando el compromiso del gobierno estatal con una justicia más humana, accesible y con enfoque social, aseguró Neira Cruz.