La LXII Legislatura del Estado de México analizará una propuesta presentada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, plantea que los cuerpos de seguridad estatales y municipales participen directamente en la investigación de delitos, junto con el Ministerio Público, dentro de sus respectivas competencias.
Este cambio busca fortalecer un modelo de seguridad más integral, donde la policía no solo prevenga el delito, sino que también contribuya a esclarecerlo. De acuerdo con la propuesta, esta participación permitirá articular acciones que combinen persecución del delito, atención a sus causas, recuperación de espacios públicos y generación de oportunidades de bienestar, educación y empleo.
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El documento señala que las instituciones policiales del Estado deberán auxiliar al Ministerio Público en el cumplimiento de sus atribuciones, lo que implica nuevas responsabilidades en la recolección de información, preservación de evidencias, primeros actos de investigación y coordinación operativa. Con ello, se pretende agilizar procesos y mejorar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos.
La iniciativa también subraya que la seguridad pública es una función compartida entre Federación, Estado y municipios, y que su finalidad es proteger la vida, los derechos, las libertades y el patrimonio de las personas. Por ello, se propone armonizar la Constitución local con la legislación federal y con la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Durante la sesión de la Diputación Permanente, la diputada Krishna Karina Romero Velázquez explicó que la seguridad pública abarca no solo la prevención, sino también la investigación y persecución de delitos, la supervisión de la prisión preventiva, la ejecución de sentencias y la reinserción social. En este marco, los policías mexiquenses deberán actuar bajo principios de autonomía, respeto a los derechos humanos, dignidad de las personas y federalismo cooperativo.
La propuesta también detalla que el Sistema Estatal de Seguridad Pública se integrará conforme a las bases constitucionales federales, reforzando la coordinación entre instituciones. La urgencia de esta reforma se sustenta en el contexto actual: según la ENVIPE, 71.3% de la población mexiquense considera la inseguridad como su principal preocupación, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales y dotar a la policía de herramientas legales para actuar con mayor eficacia.