El Congreso del Estado de México aprobó reformas al Código Penal que elevan de manera histórica las penas por delitos contra la libertad sexual, de esta manera el abuso sexual podrá castigarse con hasta 20 años de prisión, mientras que el hostigamiento sexual alcanzará sanciones de hasta nueve años, dependiendo de las circunstancias del caso.
Las modificaciones, impulsadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, buscan cerrar brechas legales y fortalecer la protección de mujeres, niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad. Además, ambos delitos se perseguirán de oficio, lo que significa que ya no será necesaria una denuncia directa de la víctima para iniciar una investigación.
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Edomex castigará con 20 años el abuso sexual
Durante la presentación del dictamen, la diputada Zaira Cedillo Silva, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, destacó que estas penas más severas envían un mensaje claro: el Estado de México no tolerará ninguna forma de violencia sexual. “El acoso y el abuso sexual no son normales; deben sancionarse desde la primera manifestación”, afirmó.
Las reformas amplían la definición de abuso sexual para incluir cualquier acto de naturaleza sexual sin consentimiento, obligar a la víctima a presenciar o ejecutar actos sexuales, o forzarla a exhibir su cuerpo. Por estos delitos, las penas base serán de hasta siete años de prisión, con multas que pueden superar los 56 mil pesos.
Sin embargo, cuando la víctima sea menor de edad, no pueda resistir, o exista una relación de confianza o autoridad —como docentes, médicos, entrenadores, familiares o servidores públicos—, la pena podrá aumentar hasta 15 años, y en casos agravados, llegar a 20 años de prisión. Además, quienes cometan estos delitos perderán la tutela o custodia de la víctima y podrán ser inhabilitados para ejercer cargos públicos o profesiones relacionadas.
¿Cuáles son las penas por hostigamiento sexual en Edomex?
En el caso del hostigamiento sexual, se establecen penas de dos a seis años de prisión, que pueden incrementarse hasta la mitad si el agresor es personal educativo o si la conducta se repite o se aprovecha una situación de desventaja. También se prevé la destitución e inhabilitación de servidores públicos que utilicen su cargo para cometer este delito.
Las reformas incluyen medidas adicionales como la obligación de los agresores de asistir a talleres reeducativos con perspectiva de género, así como la garantía de reparación integral del daño, que contempla atención psicológica especializada para las víctimas.
Finalmente, se establecen sanciones para cualquier servidor público que se niegue a recibir una denuncia o intente disuadir a la víctima: hasta seis años de prisión, multas económicas y destitución del cargo. Con estas medidas, el Estado de México busca fortalecer la justicia y enviar un mensaje contundente contra la violencia sexual en todas sus formas.