El Grupo Parlamentario del PRD, coordinado por el diputado Omar Ortega Álvarez, presentó una iniciativa que plantea multas de hasta 5 mil 657 pesos (50 Unidades de Medida y Actualización) para las personas físicas o morales que incumplan con la obligación de separar la basura desde su origen en el Estado de México.
La propuesta presentada en tribuna por la legisladora Araceli Casasola Salazar contempla modificaciones al Código para la Biodiversidad estatal, con el fin de establecer que todo generador de residuos debe clasificarlos en tres categorías: orgánicos (desechos de comida), inorgánicos reciclables (papel, cartón, plásticos, vidrio y metales) e inorgánicos no reciclables (pañales y productos de higiene personal).
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Proponen multas de hasta 5 mil 657 pesos por no separar la basura en Edomex
Además, se busca reformar la Ley de Educación estatal para fomentar actividades lúdicas y educativas en las escuelas, que permitan a niñas, niños y adolescentes comprender la importancia de separar la basura y crear hábitos sostenibles que favorezcan el equilibrio ambiental.
El documento destaca que el Estado de México, con una población de 17.6 millones de habitantes, es el mayor generador de basura del país, con una producción diaria de 16 mil 739 toneladas de residuos sólidos urbanos. De esta cifra, solo el 30 por ciento se deposita en sitios que cumplen con la normatividad ambiental, mientras que el 40 por ciento termina en tiraderos a cielo abierto, con graves consecuencias para la salud pública y el medio ambiente.
La legisladora Casasola subrayó que fortalecer la separación y gestión de residuos no solo impulsa el reciclaje, sino que también ayuda a reducir la contaminación del aire, agua y suelo. Asimismo, prolonga la vida útil de los rellenos sanitarios, mejora las condiciones laborales de quienes participan en el reciclaje y disminuye los costos asociados al tratamiento de la basura.
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De aprobarse, esta reforma representaría un paso importante hacia la construcción de una cultura ambiental más sólida en el Estado de México, donde la sanción económica funcionaría como un incentivo para que la ciudadanía cumpla con la separación de residuos y contribuya a un entorno más limpio y saludable.