La diputada Elena García Martínez, de Morena, presentó una iniciativa que busca incorporar de manera expresa en la Constitución del Estado de México el derecho humano a la protección de la salud estableciendo la prohibición de toda actividad vinculada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares, así como con la producción, distribución y comercialización de sustancias tóxicas y drogas sintéticas.
El proyecto plantea adicionar un párrafo a la Constitución local para que la entidad garantice a todas las personas el bienestar físico, emocional y social. Además, incorpora la prohibición del ejercicio de profesiones, industrias, comercios o trabajos relacionados con los productos y sustancias señalados, con el fin de proteger la salud pública.
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Proponen prohibir vapeadores en la Constitución del Edomex
La iniciativa busca armonizar la legislación mexiquense con la reforma a la Constitución federal aprobada el 2 de diciembre de 2024, la cual establece que la ley sancionará toda actividad vinculada con vapeadores, cigarrillos electrónicos, fentanilo ilícito y demás drogas sintéticas, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2025 y otorgó un plazo de 365 días para que las entidades federativas adecuaran sus normas.
Durante sesión deliberante, García Martínez advirtió que el consumo de drogas es un problema social con múltiples consecuencias, entre ellas enfermedades que afectan el organismo y el comportamiento. En el caso de los vapeadores, señaló que no existe regulación sobre su fabricación ni sobre los insumos, lo que facilita el acceso a sustancias químicas adictivas, baratas y sin control de calidad.
Prohibirán fentanilo en Edomex
Respecto al fentanilo, la legisladora subrayó que su consumo representa un problema grave y actual que debe atenderse de manera inmediata. Consideró indispensable establecer estrategias eficaces para prevenir y combatir la producción, el tráfico y el consumo de este opioide y de otras drogas sintéticas que ponen en riesgo la vida de miles de personas.
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La propuesta también contempla sancionar cualquier actividad profesional o comercial relacionada con estas sustancias, lo que incluye industrias, comercios y trabajos que promuevan su producción o distribución.
De aprobarse, el Congreso mexiquense tendrá un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para realizar las reformas necesarias y expedir las leyes secundarias correspondientes.