El Congreso del Estado de México aprobó tipificar el delito de usura en el Código Penal estatal, incluido la modalidad conocida como “préstamos gota a gota”, práctica que ha proliferado en diversas comunidades y que se caracteriza por el cobro de intereses excesivos y desproporcionados.
La reforma fue impulsada por el diputado Octavio Martínez Vargas, de Morena, quien explicó que el delito lo comete toda persona que otorgue préstamos de dinero, bienes o servicios bajo condiciones abusivas, aprovechándose de la necesidad económica, la ignorancia o la inexperiencia de otra persona.
¿Qué son los préstamos gota a gota?
El préstamo gota a gota es un tipo de crédito informal y muchas veces ilegal que se caracteriza por ofrecer dinero rápido, sin trámites ni avales, pero con tasas de interés extremadamente altas, que pueden superar el 500% anual e incluso llegar a niveles mucho mayores, generando deudas impagables, ya que suele exigir pagos diarios, lo que incrementa la dificultad para cumplir con las cuotas.
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Este sistema se remonta a Medellín en los años 90, y actualmente está muy extendido en varios países latinoamericanos, incluyendo Colombia, Perú y México, donde a menudo está vinculado a redes delictivas.
Los prestatarios que no cumplen con los pagos suelen ser víctimas de extorsión, intimidación e incluso violencia. Las víctimas también pueden ser obligadas a actividades ilícitas para saldar sus deudas.
¿Cuál es la pena por préstamos gota a gota en Edomex?
El Congreso del Estado de México aprobó sanciones que van de uno a 15 años de prisión y multas que oscilan entre 100 y 3 mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) equivalente hasta 395 mil 990 pesos.
Martínez Vargas recordó que, aunque desde 1908 existe una ley federal para regular la usura, en el Estado de México este delito no estaba tipificado de manera autónoma, sino que se consideraba únicamente como fraude lo que ha favorecido el crecimiento de prácticas abusivas que colocan a miles de familias en situaciones de endeudamiento extremo.
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Con esta tipificación, se facilitará la investigación, la integración de carpetas y la judicialización de los casos, eliminando las ambigüedades que derivaban de su encuadramiento dentro del delito genérico de fraude.
La reforma también incorpora agravantes para fortalecer la protección de personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres jefas de familia, adultos mayores, comunidades indígenas o personas en condición de pobreza, quienes suelen ser las más afectadas por estas prácticas.