La diputada Brenda Colette Miranda Vargas, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma a los códigos civil y penal del Estado de México para tipificar la apropiación indebida de identidad digital como delito. La propuesta contempla penas de uno a cuatro años de prisión, que podrían incrementarse hasta seis años cuando el acto se cometa sin autorización y con fines ilícitos.
La legisladora explicó que actualmente el marco jurídico estatal no reconoce la identidad digital como un atributo legal protegido, aunque sí sanciona la suplantación de identidad en términos generales. Sin embargo, no existe una tipificación expresa que contemple los entornos digitales, lo que deja en estado de indefensión a las víctimas.
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Miranda Vargas señaló que, aunque la ley contempla delitos relacionados con fraude, falsificación de documentos y uso indebido de información, no aborda de manera específica la suplantación de identidad digital. Esto obliga a las personas afectadas a recurrir a figuras jurídicas indirectas para acceder a la justicia.
La propuesta se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, particularmente en los ejes de “Gobernanza con justicia y participación ciudadana” e “Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional”. Ambos reconocen la necesidad de proteger los derechos humanos en entornos digitales, garantizar la ciberseguridad y fortalecer la confianza en el uso de medios electrónicos.
Asimismo, la iniciativa se alinea con los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que buscan robustecer el marco normativo para prevenir, investigar y sancionar delitos cometidos en el ciberespacio, asegurando la protección de datos personales y la preservación de la identidad digital.
La diputada destacó que la acelerada transformación digital de la vida social, económica y jurídica ha generado nuevas formas de interacción y ejercicio de derechos en entornos electrónicos. En este contexto, la identidad digital se ha convertido en un atributo esencial para acceder a servicios públicos y privados.
Miranda Vargas subrayó que la identidad digital es indispensable para garantizar derechos fundamentales como la identidad, la privacidad y la protección de datos personales, por lo que su reconocimiento legal es urgente.
Finalmente, aseguró que la iniciativa busca que la justicia se adapte a los nuevos contextos sociales y tecnológicos, reafirmando el compromiso del Poder Legislativo estatal con la defensa de los derechos humanos, la prevención del delito y la consolidación de un entorno digital seguro, confiable y ético.